Estudio de caso

Honduras – Periodistas bajo amenaza

Un estudio de caso del Reporte de Derechos Humanos y Democracia 2014

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por varios años Honduras ha sido clasificada como uno de los países más violentos en el mundo que no se encuentran en estado de guerra, con un rango de 90.4 asesinatos por cada 100,000 personas. Los niveles de impunidad permanecen altos y los autores de crímenes violentos son rara vez llevados a la justicia. Estas cifras han tenido un impacto significante en la habilidad de todos los hondureños de ejercer sus derechos humanos básicos, y han conducido a incluir a Honduras dentro del Reporte Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un país de preocupación por los últimos cinco años.

Una de las inquietudes más serias se enmarca en las restricciones de la libertad de expresión. Durante el 2014, tanto Reporteros sin Fronteras como Freedom House categorizaron a Honduras como “no libre”. Ambas organizaciones establecen que los periodistas han sido sometidos a amenazas, tanto directa como públicamente, de muerte y tortura, criminalización, prohibición de la práctica de su profesión, y censura indirecta a través de restricciones sobre el acceso a los medios. Las estadísticas muestran que, desde 2009, más de 40 periodistas han sido asesinados.

La Embajada Británica en la Ciudad de Guatemala, la cual es también responsable por el desarrollo y manutención de las relaciones entre el Reino Unido y Honduras, sostiene contacto continuo con organizaciones de libre expresión, periodistas y funcionarios públicos en Honduras. También hemos alentado a autoridades locales a continuar investigando los ataques sobre los periodistas. En octubre, se inauguró un Centro PEN en Honduras para ofrecer ayuda a aquellos periodistas y comunicadores mediáticos que han sido víctimas de violencia. La Embajada Británica proveyó fondos a PEN (una asociación mundial de escritores) en apoyo a esta iniciativa.

La Directora del Centro, Dina Meza, ha sido sometida a amenazas desde 2006 y, a pesar de haber adquirido medidas cautelares de la CIDH en 2013, estas amenazas persistieron en 2014. También hemos seguido de cerca el caso de Julio Ernesto Alvarado, a quien se le impuso una prohibición para ejercer el periodismo a raíz de su informe sobre un caso de corrupción. Tales casos han llevado a los periodistas a buscar un cambio en la ley para proteger sus derechos de libertad de expresión. La prevalencia de la violencia y amenazas y los altos niveles de impunidad han, por lo general, conducido a los periodistas a practicar una forma de auto-censura. Los periodistas trabajan en un ambiente de miedo, lo que hace extremadamente difícil conducir un reportaje investigativo adecuado.

Enero de 2014 vio el comienzo de un nuevo gobierno bajo el mandato del presidente Juan Orlando Hernández. Este nuevo gobierno ha mostrado un interés por abordar los temas de derechos humanos y atacar la violencia. Recientemente, ha habido una reducción en las tasas de homicidios a 66 muertes por cada 100,000 personas, de acuerdo con cifras oficiales. De igual manera, el gobierno ha buscado mantener una relación cercana con la comunidad internacional a manera de hacerle frente a algunos de estos problemas. Un ejemplo de esto fue la primera visita por una delegación de Parlamentarios Británicos en noviembre del 2014 bajo los auspicios de la Unión Inter-Parlamentaria. La visita permitió un intercambio de opiniones sobre una variedad de temas sobre derechos humanos con oficiales de gobierno, ONG’s y los mismos periodistas. Así mismo, en diciembre, el gobierno hondureño dio la bienvenida y cooperó en gran medida durante una visita de la CIDH.

Este estudio de caso es parte del Reporte de Derechos Humanos y Democracia 2014.

Publicado 12 March 2015