Embajada Británica y organizaciones de la sociedad civil piden la abolición de la pena de muerte en Guatemala
La Embajada Británica junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil expresaron su oposición a la pena de muerte en Guatemala y demandaron la abolición de la medida por ser considerada contraria al derecho básico humano a la vida.
HMA Thomas Carter, centre, in a press conference against the death penalty
Para marcar el Día Internacional para la Abolición de la Pena de Muerte celebrado cada 10 de octubre, 13 organizaciones, incluyendo la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y la Embajada Británica en Guatemala, emitieron un comunicado. También se sumaron a la petición la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional de Juristas, la Asociación para la Prevención de la Tortura y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), entre otras.
Los firmantes de la petición resaltaron que resulta falso el argumento de que la pena de muerte es necesaria para frenar la violencia que impacta a la sociedad guatemalteca, ya que la medida no resuelve los problemas de fondo. También argumentaron que cualquier equivocación del sistema de justicia al condenar a una persona a muerte es irreversible e irreparable.
El Reino Unido financia actualmente un proyecto que busca fortalecer los argumentos en contra de la implementación de la pena de muerte en Guatemala con tomadores de decisiones y la sociedad civil, y que tiene como objetivo promover una iniciativa a favor de la abolición o una continuidad de la moratoria existente. Este proyecto es implementado por ODHAG.
Para marcar la participación del Reino Unido en el evento, el Embajador Británico para Guatemala, Thomas Carter, dijo:
El Reino Unido se opone a la pena de muerte como un principio fundamental. Aun hay personas que desean retomar su aplicación, pero ha sido el mismo gobierno británico que ha demostrado que esta no es una solución a la criminalidad. Hace falta liderazgo de las autoridades para garantizar los derechos fundamentales y fortalecer el sistema de justicia.