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Representante de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte visita el Congreso de la República

La Secretaria General de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), Asunta Vivó Cavaller, se reunió con diputados al Congreso de la República, en el marco de la visita que realiza al país del 21 al 26 de febrero para promover el establecimiento de una moratoria sobre la pena capital en Guatemala, como un paso hacia la abolición total.

Meeting Congress on death penalty

Meeting with Congress of Guatemala

La llegada de Vivó Cavaller se produce en el contexto de un proyecto financiado por el Reino Unido que busca fortalecer los argumentos en contra de la implementación de la pena de muerte en Guatemala con tomadores de decisiones y la sociedad civil, e implementado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

La experta sostuvo reuniones a nivel de la Presidencia, Junta Directiva y Jefes de Bloque en el Organismo Legislativo, así como la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad en el Congreso. También se reunió con representantes del organismo Ejecutivo, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

Vivó Cavaller y representantes de organizaciones de la sociedad civil reiteraron que desde el año 1985, con la promulgación de la Constitución Política de la República, la derogatoria del Decreto Legislativo 159 del año 1892, por el Decreto 32-2000, las sentencias del año 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interna, el Estado de Guatemala no tiene ninguna posibilidad técnica y jurídica de aplicar y ejecutar la pena de muerte.

Ante el resurgimiento del debate sobre la pena de muerte en Guatemala la experta y las organizaciones sociales señalaron que la aplicación de la pena de muerte no resuelve los problemas de fondo ni soluciona la crisis en materia de seguridad y justicia que atraviesa el país. Según estudios de la CIPM la pena de muerte no genera ni propicia efectos disuasivos, como está demostrado en los países en donde no se aplica esta pena y los índices de criminalidad no aumentan.

La experta propuso en su lugar un fortalecimiento en la independencia de las instituciones de justicia, incluyendo el Sistema Penitenciario para que se cumplan los postulados constitucionales y los contenidos en la Ley del Régimen Penitenciario, institucionalizando de forma transparente programas de resocialización, rehabilitación y reinserción social; además instó al Estado de Guatemala a continuar su lucha para desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y mejorar el sistema de investigación criminal.

La CIPM está compuesta por diversas personalidades de reconocido prestigio internacional en materia de derechos humanos. La CIPM está dirigida por un grupo de miembros de la Comisión de alto nivel de todo el mundo. Estas eminencias incluyen ex presidentes, ex primeros ministros, ex ministros, ex altos funcionarios de las Naciones Unidas, un ex gobernador de estado de EE.UU., un ex juez y presidente de la Corte Internacional de Justicia, un juez del Tribunal Supremo y un líder académico.

El trabajo de la CIPM es apoyado y financiado por un grupo geográficamente diverso de 18 países comprometidos con la abolición de la pena de muerte. El Grupo de Apoyo se compone de los siguientes Estados: Argelia, Argentina, Bélgica, República Dominicana, Francia, Italia, Kazakstán, México, Mongolia, Noruega, Filipinas, Portugal, Sudáfrica, España, Suiza, Togo, Turquía y Reino Unido.

Publicado 22 February 2016